El Grupo Legislativo del PRI, a través de la diputada Karina Barrón, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud para otorgar más facultades a los Centros de Tratamiento de Adicciones y así garantizar una efectiva rehabilitación.
«Se trata de una modificación al artículo 73 Bis del mencionado ordenamiento, a fin de que la autoridad estatal tenga las atribuciones para implementar mecanismos de verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de Centros de Tratamiento tanto públicos como privados, así como aplicar sanciones más severas y contundentes», comentó la legisladora priísta.
Con esta reforma, recalcó Barrón, también se busca detectar y actuar oportunamente cuando haya denuncias de maltratos o violaciones a los derechos humanos, como fue el caso de Ángela, la adolescente de 15 años de edad que ingresó a un centro de rehabilitación, en el cual fue drogada y abusada, además de que se le dejó de suministrar insulina para tratar su diabetes.
«Queremos que no haya más casos lamentables como el de Ángela y para ello se necesita que la Secretaría de Salud se involucre más en el funcionamiento de los centros de rehabilitación, para que vigile con mayor rigor sus protocolos y tratamientos, y no vuelvan a ocurrir casos de abusos», señaló la diputada.
Refirió que México ha suscrito diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales para fortalecer la lucha contra las adicciones, además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la necesidad de que el Estado cumpla con el deber de prevención y protección a las personas de los abusos cometidos por terceros en la lucha contra las drogas
La reforma por adición de una fracción VIII, al artículo 73 Bis de la Ley Estatal de Salud, propone que la Secretaría tenga la atribución de: «implementar mecanismos para la verificación, supervisión y autorización del funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones privados. Si de la verificación a dichos centros se observa algún incumplimiento al presente ordenamiento, a las normas correspondientes, o no brinden un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentren en tratamiento, la Secretaría dictará las medidas de seguridad y sanciones que correspondan».