Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense bajo el liderazgo de Anne Milgram otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron personas con conocimiento de la pesquisa. Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA. También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
