La controversia constitucional presentada por el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolverse a su favor.
Fuentes allegadas al caso, a resolverse el próximo miércoles 15 de julio, señalan que la Primera Sala la Suprema Corte, alista un proyecto a favor del mandatario.
De ser así, el asunto dejaría un mal precedente, pues no habría castigo alguno, para quien fue acusado por el uso y desvío de recursos públicos y humanos para su campaña presidencial.
En vísperas del año electoral, el antecedente jurídico mandaría un mensaje de impunidad y de tolerancia a la corrupción, aún y cuando ya se ha declarado culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
«Perdonar esto, es permitir que el Gobernador la vuelva a hacer en el 2021 para cuidarse sus espaldas. Eso comprometería la elección a gobernador y los diputados federales del Estado, pues Jaime estaría a merced del Gobierno Federal por tantas carpetas penales que tiene abiertas en su contra», señala una fuente cercana al caso.
Incluso especialistas en el tema señalan que el fallo podría crear un conflicto entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
«Además, derivado de los antecedentes resueltos por los diversos ministros, también se prevé que se aplique el precedente en las controversias constitucionales 140/2018 y 229/2019, aplicables al caso en concreto, se debe declarar improcedente la controversia constitucional planteada, en virtud de que en las mismas se atacaban cuestiones que derivan de resoluciones judiciales, y además de que en ambos asuntos provenían de resoluciones dictadas por órganos electorales; de los cuales el ponente fue el Ministro Pardo Rebolledo.
«Ante ello, solo quedaría pendiente ver la decisión del Ministro Ortíz Mena Basta con un voto más, para que el asunto se deseche y siga su curso en el TEPJF y la sanción en el Congreso del Estado. Se necesita solo un voto, pues la primera Sala se compone de cinco H. Ministros y ya dos, las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández desde el inicio del juicio votaron en contra de admitirlo por su improcedencia», explican.