Diversos Organismos públicos, entre ellos el Congreso de Nuevo León, exigen se les entregué la partida presupuestal completa, pero estos no dan los resultados adecuados en sus labores, pues su actividad ha disminuido o de plano se ha paralizado de manera incorrecta, curiosamente en este período electoral.
Incluso, el Poder Legislativo y Judicial junto a otros órganos amenazaron con parar actividades si no reciben el total del dinero que el Ejecutivo debería entregar, para gastos de nómina y servicios; sin embargo, ellos no ponen el ejemplo ni cumplen su parte, pues sus actividades se han visto en declive recientemente.
El ejemplo más grave es el Congreso local, del cual se reportó este miércoles la falta de producción histórica, con 25 sesiones sin quorum, acumulando 1,789 expedientes que en este periodo no se han abierto.
La situación parece derivarse de la incesante discrepancia entre la bancada de Movimiento Ciudadano con los diputados que representan a los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI); además de, las campañas electorales donde sí se presentan los legisladores.
Hechos que, en palabras de Liliana Flores Benavides, exdiputada local y federal, dichos conflictos terminan en una encrucijada, ya que ninguno sede y menos en el contexto electoral que solo afecta a los ciudadanos.
Y aseguró que no hay solución para la aprobación del presupuesto de Ingresos, puesto que no se ha presentado el de Egresos por parte del Ejecutivo y el conflicto sólo escala por la pugna política.
“No se ha aprobado el presupuesto de ingresos y no se va a aprobar mientras no se presente el presupuesto de egresos, estamos en una encrucijada en un contexto electoral, todo esto trae afectación en la vida de la gente.
“Estamos en una situación muy grave que no tiene solución y como aquí no se ha ejercido el arte de la política, sino la politiquería; además prácticas gánsteres, el conflicto ha escalado a grandes dimensiones”, sentenció Flores Benavides.
Estos recursos fueron retenidos, al contar con el mismo presupuesto del 2023 para el año en curso, sin contemplar los gastos del ejercicio electoral local, lo que dejó el pago de la nómina de los funcionarios cubierta tan solo un 70 por ciento.
La condición del gobernador, Samuel García para liberar el recurso es que el Congreso apruebe la Ley de Ingreso 2024; sin embargo, el periodista y analista político, Omar Cervantes, señaló que el no sesionar en el recinto legislativo es un obstáculo para que se realice el pago de nóminas.
“Por supuesto que la parálisis legislativa es un obstáculo para que se puedan conciliar los intereses y que se pague la nómina, porque si el gobernador está condicionando que se apruebe el presupuesto 2024 y los diputados no están sesionando, la pregunta es ¿cómo van a aprobar el presupuesto?, y entonces como van a pagar”, comentó Cervantes.
Otra institución que queda a deber a los nuevoleoneses es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que su último reporte de actividades corresponde al año 2022, mientras que en lo que va del año se han limitado a emitir tan solo nueve pronunciamientos, de acuerdo a su portal digital.
El tema principal de estos comunicados es sobre la intervención de la comisión, en los preparativos de resguardo durante la marcha del 8 de marzo y posterior a dicha fecha el mismo organismo señaló que hubo cinco violaciones a los derechos durante este evento.
Los recursos fueron retenidos, al contar con el mismo presupuesto del 2023 para el año en curso, sin contemplar los gastos del ejercicio electoral local, lo que dejó el pago de la nómina de los funcionarios cubierta tan solo un 70 por ciento.
Algunas de las nóminas pendientes son $49 millones 536, 563 pesos para la Fiscalía General de Justicia, $30 millones 383,105 pesos al Poder Judicial, y $14 millones 300,000 pesos para completar los pagos del Congreso local.