Después de que la mayoría calificada en el Congreso local aprobó desaforar al secretario general de Gobierno, Javier Navarro, para que la Fiscalía Anticorrupción inicie una averiguación en su contra, la mano derecha del gobernador reviró con un amparo y una tajante respuesta en la que defiende el proceder de sus funciones, negando que incurrió en delito alguno.
Navarro explicó que la bancada del PRI y del PAN fabricó pruebas aprovechando el término de la anterior Constitución y el inicio de la actual; en ese sentido, dijo, que, si bien existían 56 decretos sin publicar en el Periódico Oficial, estos se encontraban bajo el anterior régimen constitucional, en donde el Artículo 71 señalaba que no existía plazo para su publicación.
En contraste, señaló, que los legisladores acusan que ha demorado más de 10 días en publicar, factor que ahora sí marca la actual Carta Magna del Estado de Nuevo León. Dijo que el origen de las acusaciones en su contra por el bloque opositor a la administración del gobernador Samuel García, versa sobre el veto que el ejecutivo dio a Adrián de la Garza Santos para ejercer como fiscal General del Estado, luego de que los legisladores formaran la llamada ‘terna de cuatro’, en el proceso que ya fue puesto en pausa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
