La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Congreso de Nuevo León en la controversia constitucional que mantenía con el gobernador Jaime Rodríguez, por lo que ahora tiene facultad de modificar el Presupuesto de Egresos enviado por el Poder Ejecutivo.
El gobernador alegaba que, al modificar el presupuesto elegido por él, el congreso estaba invadiendo sus facultades, sin embargo, la suprema corte señaló que la aprobación anual de los ingresos y egresos de su gobierno por parte del Poder Legislativo es parte del control democrático.
La SCJN consideró infundada la queja de «el Bronco», que se declaró en contra de contar con tres días para modificar las observaciones que presenten los legisladores sobre la propuesta.
En sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través de una videoconferencia, se validaron los artículos de la Constitución Política de Nuevo León que otorgan esta facultad al congreso.
El pleno consideró que la atribución del Congreso para modificar el presupuesto no viola la división de poderes, pues se encuentra dentro su facultad para aprobarlo, lo que se rige por disposiciones de la Constitución General, la constitución Local y la Ley para la administración financiera Estatal.
Se otorgó un plazo de tres días para que el Poder Ejecutivo pueda hacer observaciones a las modificaciones que lleve a cabo el congreso.
Finalmente, señaló que la posibilidad de que las reformas a la Constitución Local se voten en un mismo periodo de sesiones se enmarca en las atribuciones del congreso y no interfiere con la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo para presentar iniciativas.
De esta forma, el Pleno reconoció la validez de los artículos 63, fracciones VII y IX, párrafos primero y segundo y 149 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como la del Artículo Único del Decreto 089, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de abril de 2016.