La iniciativa que el Congreso del Estado de Nuevo León analiza para reformar el artículo 3º de la Constitución Política del Estado en materia educativa va acorde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que los diputados rechazan que sea la puerta para un “PIN parental” como erróneamente se ha dado en llamar.
El Congreso de Nuevo León considera que el renglón y medio que se pretende agregar al artículo 3º constitucional se refiere al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice: “3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Por lo tanto, la reforma busca que los padres de familia puedan participar en la educación de sus hijos, sin que ello atente contra algún grupo social en particular.
Tampoco tiene que ver con una comunidad o una razón de género, como lo pretenden hacer creer diversos grupos que se han manifestado en contra de la propuesta.
Igualmente, la reforma va acorde con la Constitución federal, que establece que la Federación es la que determina los planes y programas de estudio de educación básica y normal en toda la República; los cuales contarán, entre otras, con educación sexual.
El llamado “PIN Parental” implicaría, eventualmente, un procedimiento diferente y, de entrada, sería contrario a la disposición federal antes mencionada, por lo que no sería viable.