Un magistrado ordenó la destitución inmediata de Javier de la Fuente, secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro, por cometer abusos e ilegalidades contra vecinos del municipio, pero además por desacato de resoluciones jurídicas.
El perjuicio contra un ciudadano, señalado en la orden judicial, se debió a que la dependencia a cargo de De la Fuente habría extraviado el expediente del juicio que sigue el afectado, por lo cual Javier De la Fuente podría llegar incluso hasta prisión.
Además, todo documento que firme De la Fuente en estos momentos sería ilegal, porque él ya no puede ejercer como funcionario tras el ordenamiento de la primera sala ordinaria del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Nuevo León, que se emitió el pasado 31 de mayo.
Debido a que ya no cuenta con nombramiento como funcionario para Javier De la Fuente, y si este sigue ostentando el cargo de secretario de Desarrollo Urbano, San Pedro podría ver que el caso sea tomado por la Fiscalía Anticorrupción, por el mal manejo de documentación del gobierno Municipal.
El fallo del magistrado fue debido a un litigio que lleva ya nueve años y en donde el afectado solicitaba una regularización de su propiedad; sin embargo, el municipio no acató las resoluciones Judiciales y ya en la administración de Miguel Treviño hizo perdidizo el expediente para así no responderle al ciudadano afectado.
Una fuente cercana al caso, detalló que las afectaciones por la pérdida de dichos documentos y el desacato del municipio, al no aplicar la destitución de Javier de la Fuente, han perjudicado a un ciudadano de San Pedro que busca regularizar su terreno desde hace nueve años.
El martirio para el ciudadano afectado se deriva luego de que Javier De la Fuente habría perdió el expediente del caso de este terreno particular, logrando detener por completo los trabajos de la obra. Fue en 2015 cuando la administración municipal detuvo la obra por supuestamente encontrar un exceso de construcción en el predio respecto a lo autorizado.
La situación se resolvió con la solicitud de regularización solicitada varias veces en este periodo de nueve años, pero al no ser resuelta por la autoridad, el ciudadano acudió al tribunal. A pesar de la resolución, el municipio sigue sin responder favorablemente.