Cerca de 250 millones de dólares al año es lo que obtiene la industria armamentista de Estados Unidos en ganancias asociadas al tráfico ilegal de sus productos en México.
Dicho armamento, en su mayoría, termina en las manos de grupos del crimen organizado, detalló en entrevista con el diario La Jornada, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio.
El especialista explicó que existe evidencia de que los fabricantes de armas en Estados Unidos y los comerciantes de éstas, actúan con negligencia. Celorio explicó que el juez que atiende el caso de la demanda del Gobierno mexicano contra fabricantes de armas de Estados Unidos, tiene en sus manos la capacidad de obstruir el flujo de armas a la delincuencia organizada en México.
“Decidirá con base en el derecho, no puede hacerlo por apreciaciones políticas. Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria”, dijo.
Detalló que 14 procuradores generales de varios estados, fiscales de distrito del país y varias de las principales organizaciones civiles de Estados Unidos, dedicadas a la prevención de la violencia de armas, han respaldado la postura mexicana.
Los obstáculos El especialista explicó que el principal obstáculo que encuentra la demanda mexicana es la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) que no tiene efectos fuera del territorio estadounidense.
“La PLCAA es el mayor obstáculo, pero los amicus curiae (quienes respaldan la postura mexicana) resultan fundamentales. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México.”.
“Otra premisa es la expuesta por los fiscales estadounidenses en el sentido de que la misma PLCAA contiene ciertas excepciones para demandar a las empresas de armas», dijo.