Diversas voces ven “intereses creados” en el nuevo Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (IMPLANG) de San Pedro, mismo que Miguel Treviño le heredará a Mauricio Fernández con carácter de “inamovible”.
Esto, porque al menos dos de sus integrantes tienen relación directa con el ámbito de los desarrolladores.
El caso más grave sería el de Nora Toscano, quien de forma privada se dedica a tramitar permisos de desarrollo urbano ante municipio, y ahora ella misma será parte del comité relacionado con la planeación urbana del municipio.
Toscano aparece en el padrón de verificadores responsables de ventanilla exprés de la secretaria de desarrollo urbano, que son los tramitadores “acreditados” por municipio para hacer gestiones.
Para algunos especialistas, esto representa un conflicto de intereses, pues ella tendrá manga ancha para influir en decisiones que beneficien a sus clientes.
Y aunque no es ilegal, sí es “inmoral” que esta persona guarde esta doble posición.
El nuevo instituto, que desde mayo es autónomo y cuyos integrantes fueron aprobados por el Cabildo de Miguel Treviño, no podrá ser modificado por la siguiente administración municipal que gobernará Mauricio Fernández Garza, a menos que modifiquen sus leyes desde el nuevo cabildo.
Nora Toscano también tiene otro posible impedimento para estar en el IMPLANG, pues estuvo involucrada en el polémico caso de una obra residencial detenida de Las Calzadas, mismo que ha derivado en la destitución del actual secretario de desarrollo urbano, Javier De la Fuente.
Al respecto el activista Enrique Burguete, de la asociación Pro-Montaña, recordó que años atrás Toscano ejerció su derecho como vecina de la propiedad en las Calzadas a emitir los reclamos por el excedente de la construcción sobre su terreno y, meses más tarde ella cobró notoriedad por su cercanía a Javier de la Fuente, titular de Desarrollo Urbano, y a Miguel Treviño, hoy alcalde.
“Hay un vicio de origen. En aquel entonces la construcción rompió todo el tema de reglamentos, ya después quisieron regularizarla y el municipio no le dio el trámite requerido para que siguiera su propia velocidad el expediente. Entonces ahí hay derechos privados, lastimados y el reglamento lastimado”.
“Entonces, en lugar de llegar a un principio común, el municipio agarró, por un lado, y el afectado agarró para otro”, explicó.
Al cuestionarle cómo fue lo que en el camino ocasionó esta bifurcación, el activista opinó que fue
la falta de capacidad de mediación y que también fue notoria la cercanía de los funcionarios para una de las partes.
“Yo veo que ese expediente rompió todos los reglamentos porque le metieron construcción de más y la parte quejosa fue Nora en aquel entonces con todos los vecinos, y pasa el tiempo y Nora se hace cercana del secretario”, expresó y opinó que la mediación fue el principio olvidado en este caso.
“Hubo rudeza innecesaria, pero a la vez el municipio tiene todos los factores en la mano para decir que el predio no debe regularizarse; faltó mediación y principio de forma”, explicó.