Una «herida» que en Nuevo León no termina por «sanar» es el despojo de propiedades que se comete mediante fraude.
Y es que hay casos que llevan más de una década sin resolverse: Un medio local tuvo contacto con personas a las que desde hace 10 años les «agandallaron» un inmueble y todavía no lo recuperan, debido a lo complejo del asunto y quizá también ante la lentitud con que opera el sistema de justicia.
Ha sido reportado públicamente que desde administraciones estatales pasadas, en Nuevo León hay personas dedicadas a ubicar propiedades emproblemadas o descuidadas, cuyos dueños tardarían años en darse cuenta de un despojo.
De acuerdo con especialistas, estas personas realizan los trámites fraudulentos en notarías lejanas para poder engañar a los notarios, o en ocasiones actúan en complicidad con ellos, para burlar la ley y aparentar que la transacción fue legal.
Una de las víctimas de estos fraudes y que en 10 años no ha visto una solución es José Luis De Luna, quien se dio cuenta que un terreno de 4,000 metros cuadrados que pertenece a sus papás desde 1970, fue puesto en 2012 a nombre de una mujer que resultó ser nuera de un hombre que les cuidaba la propiedad.
El terreno se ubica en la calle Riva Palacio y Santa María de la Rivera, en la colonia Villas de San Humberto, municipio de Santa Catarina.
De Luna se dio cuenta del despojo cuando en 2019 fue a pagar el predial y el inmueble aparecía con el nombre de una mujer llamada «Jéssica», cuyo apellido el afectado no reveló para no dañar el proceso judicial.
El ilegal cambio de propietario lo corroboró en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León (IRCNL) al solicitar la escritura.
Ese mismo año, el afectado presentó un juicio civil para recuperar el terreno y una demanda penal por los delitos de fraude por maquinación y usurpación de identidad; ya pasaron tres años y ninguno se ha resuelto.
El modus operandi de la mujer y su suegro para llevar a cabo el despojo fue recurrir a un notario público foráneo, maquinar una escritura falsa y luego inscribirla ante el IRCNL.
En este caso, el responsable de dar fe de la venta simulada fue el notario público número 15 de Gómez Palacio, Durango, de nombre Juan Antonio Alanís Romo.
Según De Luna, fue en el 2012 cuando «Jéssica» y su suegro acudieron ante Alanís Romo a realizar la escritura y simularon una compra venta.
En dicha escritura aparece que comparecieron ante el notario la compradora y los papás de De Luna, quienes eran los propietarios, pero resulta que para ese entonces su mamá ya había fallecido.
«Es imposible que alguien que ya falleció venga y firme una compra-venta porque puede ser notario, pero médium, no creo», ironizó.
Tras los juicios que inició De Luna con su abogado, quien prefirió omitir su nombre por el proceso, el notario de Gómez Palacio finalmente aceptó el «error» y dijo que había sido víctima de un engaño porque le presentaron documentos falsos, pero no dijo quién de los supuestos vendedores compareció ante él.
Por este motivo, según el abogado, el notario Alanís Romo denunció a la presunta defraudadora.
«Le dijo al Ministerio Público que él había sido sorprendido, que le quedaba claro que se trataba de un fraude y que por tal razón él ya había presentado su denuncia ante la fiscalía en Gómez Palacio», señaló el litigante.
Sin embargo, el afectado sospecha que el notario tenía conocimiento del fraude.
«En Gómez Palacio se trabajó por la forma civil, se hizo el juicio, íbamos, entregábamos papelería, se trató de buscar al notario y con una facilidad él simplemente no se presentaba, vaya nunca presentó escritura», continuó De Luna.
El caso de la denuncia civil se presentó en Durango y se logró revertir la titularidad de la escritura, pero «Jéssica» apeló y el juicio sigue pendiente.
En tanto, la denuncia penal por los delitos de fraude por maquinación y usurpación de identidad están actualmente en manos del ministerio público de Nuevo León, Amado Homero Villarreal Juárez, de la Unidad número 4 de Rezago.
Sin embargo, a pesar de que el caso lleva más de tres años, el Ministerio Público no lo ha presentado ante un juez y por lo tanto no los han imputado.
«Queremos que (las autoridades) obren con rectitud, así de fácil, pero sabemos que hay intereses y eso es lo que nos da miedo. Si obran tal como debe ser, esto debe salir a favor, no veo la forma en que no», dijo De Luna.