La bancada local del PRI en el congreso del estado anunció que promoverá dos iniciativas de reforma con la intención de que todas las instancias encargadas de impartir justicia en Nuevo León adopten el nuevo modelo digital.
El anuncio fue hecho por el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, quien explicó que se trata de una serie de modificaciones a las Constituciones locales y federal.
Treviño explicó que, debido a la implementación de medidas de sana distancia a lo largo de la pandemia, se ha modificado la manera en la que las autoridades ofrecen sus servicios a la población, en muchos casos han adoptado modelos digitales, pero falta mucho por avanzar y es necesario dar sustento legal.
“Si bien el tribunal virtual del Poder Judicial del Estado ya proporciona los servicios digitalizados, es pertinente extender este modelo a todas las autoridades del Estado, con la finalidad de ampliar el acceso a la justicia a la población de Nuevo León”, explicó Treviño Cantú.
“Sería conveniente y oportuno, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia Administrativa o el Centro de Mediación del Estado, hagan lo propio, porque hoy no cuentan con un sistema similar y es necesario que entren a la era digital”, puntualizó.
El modelo digital podría ser adoptado para actividades del sistema de justicia como la emisión de recursos judiciales y administrativos, así como en la solución de controversias, entre otras funciones de carácter jurisdiccional.
“Debemos buscar que también las autoridades federales cuenten con esta infraestructura digital, ya que algunas son empleadas por la ciudadanía para resolver problemas importantes del día a día, como los conflictos de consumidores de bienes y servicios ante la PROFECO, o de cuestiones bancarias ante la CONDUSEF”, agregó.
“Dicha iniciativa reafirma el compromiso de la bancada para tomar las medidas legislativas necesarias para ampliar el acceso a la justicia a toda la población del Estado lo que ahorrará tiempo y recursos a la ciudadanía”, afirmó.
La primera iniciativa propondrá reformar el artículo 17 de la Constitución federal, mientras que la segunda buscará modificar el artículo 16 de la Constitución de Nuevo León.