Cuando fue alcalde de García, César Valdés Martínez, quien busca de nuevo la candidatura por la vía independiente por ese mismo municipio, contrató a una empresa asesora que forma parte de un clan «fantasma» de compañías con sede en Nuevo León que Estados Unidos investiga por presunto «lavado» de dinero.
Se trata de la compañía de papel Accountants Management, SA de CV, que aparece con el número de contrato MG-STFYAM-021/2016-PS para el servicio de elaboración de reglamentos del Ayuntamiento, según el sitio web oficial del portal en el apartado de “Convenio y contratos” de la Secretaría de la Tesorería y Finanzas del municipio.
En esta compañía emerge los nombres de los accionistas: Federico Alejandro Ramos Villanueva y Hernán Chávez Hinojosa, éste último representante de la «fantasma» Comercializadora Mirof, SA de CV, vinculada al escándalo de corrupción del «colchagate» del gobierno de Nuevo León del 2015.
Ramos Villanueva, vecino del municipio García, es accionista fundador también de la empresa de papel, Logística y Fletes Ruta Norte, SA de CV, junto con una persona identificada como Juan Carlos Montoya Lugo.
En esta empresa emerge el nombre de Efrén Azael Adame Sosa y cuatro representantes y apoderados más de la red de 53 empresas «fantasmas» proveedores del sector público y al servicio del narco, descubierta en 2016, creadas con los datos personales robados de adultos mayores de colonias populares de Nuevo León, que incluían dos programas federales de apoyo a grupos vulnerables en la era de Enrique Peña Nieto.
Esta información fue continuada en 2019 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Mexicanos Contra la Corrupción, donde reveló transferencias por 5 millones de dólares a compañías de Inglaterra, Argentina, Panamá, Estados Unidos y México.
En Logística y Fletes Ruta Norte aparecen, además de Adame Sosa, Robert Salvador García Cavazos, Vicente Bortoni Cereceda y Erick Silverio Anguiano, como representantes y apoderados.
Ellos aparecen en las compañías dueñas de las tres mansiones donde residía el capo Omar Treviño Morales, el “Z-42”, detenido el 4 de marzo de 2015 por la Marina y el Ejército.
Se trata de los apoderados de Desarrollo Comercial Lexir, Desarrollo y Construcción G30, Servicios Empresariales Luze, Servicios Empresariales Lexir, Servicios Empresariales Zorfimex y Grupo Bolan, los mismos de Consultoría Sow, la investigada por Estados Unidos.
Las residencias, confiscadas por la entonces PGR y la SEIDO, estaban a nombre de la empresa Desarrollo Comercial Lexir, donde aparecen los representantes vinculados al accionista proveedor del municipio de García y de Mirof.