Desde el 9 de marzo de 2018 la procuración de la justicia en Nuevo León dejó de depender del Gobierno del Estado con la creación de la Fiscalía General de Justicia, un organismo autónomo.
El cambio no sólo ocurrió en Nuevo León, sino en todo el país, derivado de iniciativas ciudadanas que buscaban un modelo de justicia imparcial, ya que anteriormente las procuradurías dependían directamente de los gobernadores y del Presidente en turno.
“Históricamente los procuradores estaban al servicio de los gobernadores y del Presidente, eso originaba que la procuración de justicia no se llevara a fondo”, señaló la activista Liliana Flores Benavides.
Quien ocupe el cargo de Fiscal General debe ser un ciudadano con el perfil adecuado. Su designación ya no dependerá del gobernante en turno, sino que se basará en lo que decida la mayoría de los diputados locales. Aun y con los cambios, la activista considera que no existe una autonomía plena.
“Todavía a las Fiscalías, desde mi punto de vista, les falta autonomía, por una razón de que los Congresos de los estados están dominados por los intereses partidistas, ahí hay un sesgo todavía de carácter partidista”, apuntó Liliana Flores.
A la Fiscalía de Justicia le corresponde investigar los delitos, promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia, así como el esclarecimiento de los hechos en materia de investigación.
También debe garantizar la atención a las víctimas, testigos y ofendidos de un delito.