A pesar de que se han denunciado desfalcos cometidos por la anterior administración, en la Secretaría de Educación (SE) de Nuevo León, por al menos $615 millones de pesos, aún no han sido castigados los operadores de esos ilícitos.
Y solamente, se han tomado acciones contra la extitular de la dependencia, María de los Ángeles Errisúriz, a quien se le congelaron sus cuentas bancarias, pero las cinco personas que operaron directamente estos desvíos, a quienes se les conoce como el «Clan Coahuila», siguen impunes, pues continúan «libres y despreocupados».
Ellos son el exjefe de Logística, Gerardo Leyva; el excoordinador del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, Eduardo Coss Corona; la excoordinadora de Idiomas, Liliana de la Rosa Chaires; el exsecretario particular de Errisúriz, Samuel Olea, y el excoordinador de Evaluación y Operación de Proyectos, Rubén Olvera Marines.
El pasado 16 de mayo, un medio local dio a conocer que, de lo que hasta ahora se conoce y se ha denunciado penalmente, suman casi $615 millones de pesos lo desfalcado en la SE a través de tres contratos por los que se pagaron servicios y bienes que, según las querellas, nunca ingresaron, no se realizaron de manera adecuada o no se justificaron.
Uno de los mayores desvíos conocidos fue el de un contrato de $400 millones de pesos para la adquisición de aulas prefabricadas; sin embargo, la empresa Desarrolladora M no entregó los productos según lo pactado.
Otro fue el que se dio a conocer el 6 de abril y por el cual se realizó un pago de cerca de $50 millones de pesos a la empresa Alianzer Consulting SA de CV por un servicio de digitalización de documentos que tampoco se realizó.
El tercero, que también este medio dio a conocer públicamente el pasado 12 de mayo, es un contrato con la empresa INF MKT, SA de CV por $164 millones 959,850 pesos para la adquisición del Programa Integral para el Desarrollo de Habilidades Tecnológicas, dirigido a escuelas de nivel primaria, que incluye una plataforma de aprendizaje en línea y equipamiento, pero el material no se entregó.
En los tres casos se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, en las cuales se mencionan como responsables a Errisúriz y otros funcionarios, pero no a los mencionados integrantes del clan, quienes hasta ahora permanecen «intocables».
Ante esta situación, activistas como el presidente de Vertebra, Gilberto Marcos Handal, exigen a las autoridades estatales que no dejen «rata con cabeza» y que se actúe ya penalmente para recuperar los millones presuntamente desfalcados por este grupo.
«Hay que proceder contra ellos, no hay que dejar rata con cabeza para que no se repita esto en otro lugar, pero sobre todo que no se burlen de la ciudadanía quedando tan impunes como quedan muchas veces.
«Eso es lo más criminal que puede haber, que la función pública se use como rapiña y no haya castigo; o sea, que haya impunes por todos lados es lo peor que nos puede pasar», señaló Marcos Handal.
Y hay que atenderlo, dijo el activista, porque el saldo de la corrupción es que unos quedan millonarios, pero quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos y todo por un pago de favores políticos.
«Ese tema del pago de favores es tan frecuente, pero tan perverso, que le pega directamente al bolsillo de los ciudadanos, al beneficio de los ciudadanos, porque ese dinero finalmente es de los ciudadanos», señaló Marcos Handal.
El 14 de octubre de 2021, El medio local publicó que el «Clan Coahuila» tomó posesión de la SE a partir de 2018 por órdenes del exsecretario de Gobierno, Manuel González, quien entregó la dependencia en pago por el apoyo económico que le dieron al exgobernador Jaime Rodríguez en su campaña por la presidencia de la República.