La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), que dirige Olga Susana Méndez Arellano, reconoció la existencia de un bono de servidor público, asegurando que es parejo. Mediante un comunicado emitido la tarde de ayer, el organismo defendió que las prestaciones a servidores públicos que ahí laboran «son siempre apegados a la legalidad».
De acuerdo al documento, la CEDHNL informa que en la cuenta pública de 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE), no detectó ninguna observación económica y fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado. Lo anterior fue dado a conocer luego de que Méndez Arellano fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de enriquecimiento ilícito por el ciudadano Esau Jonathan Torres Camacho. En dicho señalamiento se indica que al menos 16 servidores públicos del organismo con cargos como directores, coordinadores y presidente, fueron beneficiados con transferencias con el concepto «Bono de servidores público».
