Por no respetar la suspensión del procedimiento para designar al nuevo fiscal General de Justicia de Nuevo León, los diputados del PRI, PAN y la legisladora sin partido, Jessica Martínez, podrían pisar la cárcel tras ser acusados por el delito de abuso de autoridad por el gobierno del estado.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República el pasado 20 de diciembre del presente año.
De esta forma, la pugna que mantiene la administración estatal, que encabeza Samuel García, con los legisladores de oposición, escaló a instancias federales, pues también el Ejecutivo nuevoleonés presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la violación a la suspensión decretada, señalando como autoridades responsables al Congreso del estado.
Ante esto, el Juzgado Primero Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, aceptó el recurso legal contra los diputados del PRI, del PAN y la diputada sin partido Jessica Martínez.
Según se explica en la denuncia presentada ante la FGR, el pasado 19 de diciembre, el Congreso local definió en sesión ordinaria una reforma a la Constitución Política de Nuevo león con la que se establece que la elección del titular de la Fiscalía se haría con la votación por tres terceras partes del Pleno, quitando la atribución de veto al Poder Ejecutivo.
Lo anterior, se realizó aún y cuando existía una suspensión definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se paralizaba actos que llevaran a la consumación o ejecución de la etapa final de la designación del nuevo fiscal de Justicia.
Ante esto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó una queja por violación a la suspensión decretada dentro de la Ley de Amparo en contra de los diputados locales del PRI, PAN y Jessica Martínez, dicho recurso ya fue admitido por el Juzgado Primero de Justicia Administrativa.
“Las autoridades responsables no acataron a la suspensión concedida dentro de esta controversia constitucional, respecto a los efectos de: “procede conceder la suspensión a fin de que el Congreso del Estado de Nuevo León se abstenga de designar al fiscal General de Justicia del Estado, hasta en tanto se dicte sentencia en el presente asunto”, se lee en el escrito.
Cabe mencionar, que, dentro de la queja, el mandatario estatal solicita que se aperciba a las autoridades señaladas como responsables para que den cumplimiento a lo ordenado en la resolución.
De acuerdo con lo denunciado por el gobierno estatal, las consecuencias legales por los hechos cometidos por los diputados del PRI, PAN y Jessica Martínez configuran el delito de abuso de autoridad.
Esta falta, se castiga con uno a 9 años de prisión, 50 a 400 días multa e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar cargos públicos.
Es de mencionar que el pasado 10 de noviembre, ese mismo Juzgado otorgó la suspensión definitiva que ordenaba para el proceso con el que se prohibió al Congreso celebrara cualquier sesión ordinaria o extraordinaria relativa al tema.
Posteriormente, tras otro recurso interpuesto por particulares que pretendía detener el asunto, el mismo Juzgado negó la suspensión definitiva, al alegar que los quejosos no acreditaron contar con un interés legítimo para obtener la medida cautelar.
Después, el 24 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión definitiva, luego que el mandatario interpusiera una controversia constitucional para frenar el proceso de elección, con la que se ordenó al Congreso abstenerse de designar al nuevo fiscal.